El texto, titulado "Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no deben ser privadas de sus derechos individuales", aboga, en esta línea, por dotar de más apoyos a los ciudadanos con este tipo de discapacidades para que puedan desarrollar derechos como el voto o decidir dónde quieren vivir.
Y es que, según el CE, los europeos con discapacidad intelectual o psicosocial están sometidos en muchos países a un régimen de tutela tan severo que les priva de su capacidad jurídica y que hace, por tanto, que a ojos de la ley no sean personas.
Desde esta perspectiva, Hammarberg apela a la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la mayoría de los Estados miembros.
La convención, en su artículo 12, establece que "las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica".
Y añade: "Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".
Además, el mismo artículo hace un llamamiento al establecimiento, por parte de los Estados, de "las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos" en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas.
Por tanto, a la luz de la convención y de la realidad existente, contraria a ella, el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa insta a los gobiernos de los Estados miembros a que hagan una revisión de sus legislaciones en materia de capacidad jurídica y a que las pongan al día.
